La gestión cultural está ocasionando fisuras el Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid). Esta semana el Ayuntamiento de la capital ha tenido que reconocer su «error»
tras retirar una placa dedicada a ocho religiosos carmelitas fusilados
al comienzo de la Guerra Civil apelando a la aplicación de la Ley de
Memoria Histórica y se ha visto forzado a destituir fulminantemente a
los encargados de la programación del Carnaval por la polémica representación de títeres en la que se mostró un cartel que decía «Gora Alka-ETA».
Al frente del área municipal que ha tomado las decisiones posteriormente rectificadas está Celia Mayer, cuya destitución han exigido ya tanto PP como Ciudadanos.
El PSOE, que fue quien propició el cambio de signo político en el
Palacio de Cibeles, de momento no ha pedido el cese de la concejal, pero
sí ha tildado de «chapuza» la retirada equivocada de presuntos
vestigios franquistas y de «indignante» el espectáculo supuestamente
infantil que ha acabado con dos miembros de la compañía que lo
representaban en prisión acusados de enaltecimiento del terrorismo.
La cuestionada delegada de Cultura accedió a este puesto de rebote, cuando el edil designado para asumir estas funciones -Guillermo Zapata- tuvo que presentar su dimisión a las 48 horas de ser nombrado después de que transcendieran unos tuits con chistes sobre el holocausto y víctimas de ETA que había escrito cuatro años antes. A su llegada prometió «un cambio radical» en el modelo de gestión de la cultura
en la ciudad, aunque los primeros meses se centró más en el
«diagnóstico» de los problemas, lo que ya le generó las primeras
críticas entre la oposición política acusándola de inacción.
La impronta de Mayer, activista del movimiento okupa Patio de Maravillas, no se dejó sentir hasta el diseño de la programación navideña y, particularmente, en la Cabalgata de los Reyes Magos,
que descorchó un encendido debate sobre el respeto a las tradiciones.
Los trajes de colores chillones con los que fueron ataviados Melchor,
Gaspar y Baltasar, muy alejados del estilo napolitano al que se había
recurrido hasta la fecha, llegaron a ser trendic topic mundial en Twitter aupados tanto por detractores como por defensores del cambio y que fueron colofón a un desfile despojado de toda alusión religiosa.
En
aquella ocasión, el equipo de Manuela Carmena con su delegada de
Cultura al frente defendió con vehemencia esta actuación y despachó la
polémica calificándola de «artificial». Esta vez no ha podido zanjar sin consecuencias las críticas que arreciaron a comienzo de semana
después de que transcendiera que, sin previo aviso, el Ayuntamiento de
Madrid había retirado la placa en memoria de los carmelitas asesinados
en agosto de 1936 del cementerio de Carabanchel Bajo.
Mientras
Mayer comparecía el martes ante los medios para justificar la
eliminación de lo que calificó como «vestigio fascista», los servicios
jurídicos municipales concluían que se había producido un «error». Dos
horas después una nota de prensa rectificaba las declaraciones de la
concejala de Ahora Madrid y a la mañana siguiente la inscripción volvía a estar colocada en la tapia de ladrillo del camposanto.
La
controversia volvió a saltar el viernes cuando la Policía detuvo a los
dos titiriteros contratados por el Ayuntamiento de la capital a los que el juez mandó ayer a la cárcel. El Gobierno de Cibeles ha tratado de poner un cortafuegos a este nuevo escándalo destituyendo con celeridad a los directores artísticos de la programación de Carnaval y denunciando en el juzgado a la compañía por incumplimiento del contrato.
