12 dic. 2016

Un acierto de Carmena

Con la singular alcaldesa que hay en Madrid, es difícil encontrarle un acierto, pero esta vez lo ha hecho bien.

La alcaldesa ha decidido abrir seis expedientes por incumplimientos muy graves a las constructoras Dragados (ACS), Ferrovial y API, que en 2005 constituyeron la UTE Emesa para hacerse con la explotación y el mantenimiento de la M-30. Los dos contratos adjudicados por el Gobierno de Ruiz Gallardón, el inicial y una modificación tras dos años, han permitido a esas empresas ingresar desde entonces 500 millones de euros del Ayuntamiento de Madrid a cambio de mantener la infraestructura. El actual Ayuntamiento de Madrid acusa a las concesionarias de haber estado cobrando todo este tiempo por trabajos no realizados. 

IRREGULARIDADES GRAVES


Tras año y medio de inspecciones, los técnicos municipales han detectado al menos seis irregularidades graves. 

Emesa tenía la obligación de instalar un sistema de telecontrol del alumbrado a cielo abierto en la M-30. Era una de las exigencias de aquel segundo acuerdo, de 2007, que encareció el coste del servicio de mantenimiento un 18% a dos años de la recepción de la obra. A día de hoy sigue sin instalarse. La estafa en éste capítulo es de 2,7 millones de euros.

Otra era el mantenimiento de los apoyos de neopreno en los túneles del bypass, por 3,2 millones de euros. Hasta hoy no se ha cambiado ninguno. Y son los elementos que absorben dilataciones de estructuras, asegurando la estabilidad de los túneles.

Tampoco han podido justificar 3 millones en personal con formación en emergencias.
Ni se han reparado los sistemas de nuebulización de agua, sprinklers, antiincendios, por lo que había otra suculenta partida y a consecuencia de su fallo murieron dos operarios en un cuarto de mantenimiento el 26/10/2012.

Faltan los sistemas de transferencia de datos de tráfico, en su segunda vía por si se “cae” la primera, otros 3 millones. Por eso vemos a veces datos falsos en los paneles.
Y tampoco se ha implementado la red Wi-Fi para contactar con los empleados que estén en zonas con “sombras”.

SANCIONES


Por todo lo anterior, el 11 de noviembre se decidió pasar a las sanciones directamente.
En el Ayuntamiento, Partido Popular y Ciudadanos no votaron en contra, pero se abstuvieron. No podían dejar de castigar a los sinvergüenzas, pero la diferencia entre votar a favor, como dicta la lógica, y abstenerse, la marcó que los sinvergüenzas eran de los suyos.